miércoles, 31 de agosto de 2011

JUZGADO FEDERAL 2 DE JUJUY: Un candidato vinculado con Bussi


Organismos de derechos humanos cuestionan a Juan Carlos Nacul, cerca de ser nombrado juez

Un candidato vinculado con Bussi

El abogado Nacul fue funcionario en Tucumán durante la dictadura, luego asesor del bussismo y vocero y defensor del represor Mario “Malevo” Ferreyra. Esta semana se realizan las audiencias públicas con los candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales.

Por Irina Hauser
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Todos los postulantes para ingresar en la Justicia deben presentarse en el Senado.
Un abogado que fue funcionario del gobierno de Antonio Domingo Bussi durante el terrorismo de Estado, asesor del bussismo en la Legislatura tucumana y defensor del represor Mario “Malevo” Ferreyra está en la recta final para ser nombrado titular del Juzgado Federal 2 de Jujuy. Se llama Juan Carlos Nacul y, pese a que desentona con el perfil de la mayoría de los 92 candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales, su pliego llegó hasta el Senado. Las impugnaciones presentadas por Hijos Juju y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de esa provincia apuestan a detener el nombramiento. También fueron cuestionados otros nueve postulantes, desde una secretaria investigada porque habría sacado dinero del país sin declarar hasta un abogado que no integraba la terna original pero apareció candidateado.
A todos los aspirantes les toca desfilar esta semana por el Senado, donde tienen la audiencia pública en la que los legisladores les hacen preguntas, incluso sobre las objeciones recibidas. La lista de posibles jueces, camaristas, fiscales y defensores que mandó Cristina Kirchner a la Cámara alta en julio está compuesta por una gran mayoría de hombres y mujeres jóvenes (entre 40 y 45 años), muchos con carrera judicial y/o nutrida trayectoria en derechos humanos, además de actividad académica. Esto volvió más llamativa la presencia de ciertos nombres entre los elegidos, en especial el de Nacul.
La agrupación Hijos de Jujuy expresó “profunda preocupación ante la posible designación” de Nacul y alertó sobre sus “peligrosos antecedentes profesionales”. El texto presentado en la Comisión de Acuerdos, que preside el kirchnerista Marcelo Guinle, recuerda que Nacul fue funcionario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán durante la última dictadura, con Bussi en el poder; asesor del bussismo en la Legislatura tucumana en el bloque de Fuerza Republicana (entre 1996 y 1999); y abogado defensor del Malevo Ferreyra, quien participó en el Operativo Independencia y fue implicado por las víctimas “como responsable de secuestros y desaparición de personas”.
El problema no sería estrictamente haber defendido al ex policía, sino que oficiaba como su vocero y le dio trabajo en su estudio para que cumpliera con el régimen de salidas laborales después de ser condenado a cadena perpetua por el asesinato de tres personas en 1991, cuando comandaba la Brigada de Investigaciones de Tucumán. Tras la sentencia, Ferreyra se fugó y estuvo 79 días en el monte. Fue detenido, pero –gestiones de Nacul mediante– Bussi le redujo la condena y en 1998 recuperó la libertad. El Malevo se suicidó en 2008 frente a las cámaras de TV cuando estaba cercado por causas por violaciones a los derechos humanos. La impugnación de Hijos advierte que el abogado habría intentado cambiar su imagen en los últimos años al mostrarse “misteriosamente” cercano a “políticas de derechos humanos”. Lo cuestionan “éticamente”, igual que Madres y Familiares de Desaparecidos, cuyo reclamo sostiene que “su presunta vinculación con los genocidas (...) no nos garantiza juicios justos”.
Nacul participó de veinte concursos, pero no había llegado tan lejos. Tiene audiencia pública en el Senado este viernes. Hasta ayer habían pasado 50 postulantes, en su mayoría con hinchada de parientes y amigos. Según fuentes parlamentarias, existen altas chances de que todos –excepto los impugnados– sean aprobados hoy mismo sobre tablas, según acordaron el radicalismo y el Frente para la Victoria (ver aparte). Hay que ver qué hace el Interbloque Federal.
Uno de los impugnados que ya tuvo la audiencia es el abogado Alberto Recondo, postulado para un juzgado federal civil de La Plata, cuestionado por organizaciones como Poder Ciudadano y el Observatorio de la Justicia Argentina y por la concursante con mayor puntaje, Adriana Delucchi. El intríngulis viene de 2009, cuando Recondo –que no integraba la terna sino una lista complementaria– saltó a ser propuesto por el Ejecutivo en reemplazo de Gabriel Cayssials, quien participaba en otros concursos y fue asignado a un juzgado de Capital. El propio Senado le devolvió la carpeta de Recondo al Gobierno, ya que para mandarla no había esperado a que Cayssials fuera aprobado. Los denunciantes dicen que debió haber hecho un expediente interno, que no se hizo. El abogado, sin carrera tribunalicia, sugirió que lo ataca la corporación judicial.
Otro de los “observados” fue Edgardo López Herrera, con chances de ser juez federal en Salta. Lo denunció la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, porque proviene del derecho privado y dudan de que encare las causas pendientes contra represores, a lo que se suma que le espera un juzgado con 16 mil expedientes en trámite, 11 mil de ellos provisionales. El Colegio de Abogados de la calle Montevideo (que apoyó los golpes de Estado) cuestionó que Ana María Figueroa integre la Cámara de Casación Penal, porque no es penalista. Ella les dijo ayer a los senadores que sus grandes temas son el derecho internacional de derechos humanos y el derecho constitucional y que no se puede entender al derecho penal fuera de ese sistema. Hasta el radical Gerardo Morales le anunció que tendría su apoyo.
Entre las demás impugnaciones, varias son porque el candidato no vive donde actuaría. Pero otra polémica es la de Karina Zucconi, secretaria de un tribunal oral, denunciada por el fiscal Sandro Abraldes ante la Justicia Federal porque habría sacado 400 mil dólares sin declarar a una cuenta en el exterior. La denunció Domingo Montanaro, concursante crónico que saca notas altas pero lo rechazan por posturas contrarias a los derechos humanos.
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domingo, 7 de agosto de 2011

INFORME LEDESMA

Ante la gravísima situación que en este momento se vive en la provincia de Jujuy, la Agencia Katari a través de este informe pretende condensar la información que a diario se genera en torno de los hechos sucedidos a partir del 28 de julio de 2011 en la ciudad de Libertador General San Martín. 

La falta de solución habitacional de Jujuy

La realidad indica que la situación actual es producto del carácter feudal y caudillista que detenta Jujuy hace algo más que ocho años. El "gobernador" Barrionuevo y su guardia pretoriana fueron superados por la gravedad de los hechos, la interna del PJ se resolvió, tal como alguna vez lo denunciamos, entre punteros "K" y las balas de plomo disparadas por alguien que solo el nuevo Ministro de gobierno y justicia Hugo Echavarri sabe.

Los muertos, como siempre, los puso el pueblo y como siempre, siguen sin encontrarse los autores tanto materiales como intelectuales de los asesinatos (a esta altura no seguiremos pensando que esto fue un enfrentamiento). 

Mientras tanto la oposición lucha a destajo para que el gobernador renuncie, pero no plantea nada (todos suponen que le habrían soltado la mano al FPV en un pacto de gobernabilidad provincial), más aún, abandona la comisión investigadora ante la rebeldía expresada por todos los responsables citados a declarar. Pablo Lavilla (ex ministro): de vacaciones, Jorge Ayarde (ex jefe de policía): excusado por problemas de salud y Jorge Ale (intendente de Libertador): que nunca se presentó.

A todo esto el gobierno de la provincia solo da manotazos propios de un ahogado político al que sus detractores le tiran salvavidas de plomo. La disidente Carolina Moisés desde la comodidad de las más exclusivas confiterías jujeñas arremete contra la línea del ultra “K” Eduardo Fellner (padrino del Gobernador Barrionuevo) intentando desesperadamente y en medio de un mundo de falacias despegar al gobierno Nacional de toda responsabilidad. Mientras que el vicegobernador Pedro Segura (candidato a intendente por S. S. de Jujuy) seduce a Sala pero con mucha cautela se desvincula de ella. Rivarola, diputado provincial y socio político del vice, se saca fotos con Mosquera (CCC libertador) y aparece como mediador del ahora cuestionado "dirigente" quien habría recibido algún dinero de manos del intendente Ale la noche previa al desalojo en Ledesma según declaraciones del propio Ale.

Hasta ahí los hechos son propios y comunes a todo proceso electoral en Jujuy, pero en una muestra de la perversidad de las campañas más sucias, los esfuerzos proselitistas fueron re direccionados en virtud de los acontecimientos y ahora se concentran en la tomas de tierras por parte de los punteros políticos del PJ y la oposición, prueba de ello son los videos que circulan por internet mostrando una histórica y fortalecida Rita Armella, concejal además,  en medio de una disputa por terrenos en  S.S. de Jujuy.

Probada queda entonces, la insolvencia del gobierno provincial para solucionar cualquier tipo de conflicto y la falta de responsabilidad ante una situación a decir fellneriano “caótica”, lo que hace que la reacción, permanentemente a la defensiva de toda gesta popular, se pronuncie en contra de un movimiento a  veces genuino pero desordenado, legitimando cualquier acción política espuria camuflada en el reclamo más que justo por las viviendas de los adjudicatarios defendiendo lo invertido en años, como de los ocupantes de terrenos o de aquellos que toman casas en medio de la desesperación.  

Lo real es que el reclamo por viviendas es una necesidad constante en la provincia de Jujuy que Milagro Sala había polarizado con sus tan mentadas cooperativas de viviendas, las mismas de acceso restringido y netamente clientelar. Aunque hoy queda expuesto que este bastión oficialista no solucionó nada, sino que profundizó más aun la brecha entre la dirigencia política de la provincia y el pueblo. Por lo que hoy es la “mediadora” oficial para convencer a los asentados que se levanten lo antes posible.

El triste resultado de esta situación en una salida claramente populista y con ánimo de salvaguardar la poca dignidad que le resta a Barrionuevo y al aparato que lo sostiene, fue el Decreto Nª 9192-H-11 que designa en el cargo de Coordinador General de la Unidad de Gestión Provincial del Plan de Emergencia “Un Lote para cada familia que lo necesita” al ingeniero Osvaldo del Grosso (candidato en sexto lugar a diputado del frente para la victoria). Con una mediadora de controvertida como Milagro Sala, que amenaza con “encabezar las tomas” y hasta se anima a pedir la gobernación.

Nos queda preguntarnos, quien debe “darle” a ella la provincia? El pueblo? Entonces tendrá que presentarse a elecciones. Y  si “encabezara” las tomas de tierras, los ocupantes la acompañarían? O es una maniobra más para sofocar el clamor de un pueblo que legítimamente hace propio un reclamo que permanecía oculto para la prensa ciega y parcial de Jujuy? No nos olvidemos de lo sucedido con el aumento de Ejesa, el boleto urbano o las vergonzosas paritarias entre otras, todas garantizadas por la mediadora de marras.

El controvertido juez Nieves, quien ordenara a principio de año el desalojo del asentamiento del barrio el Chingo en S.S. de Jujuy (con represión de por medio), que posición tomara frente a las declaraciones? Mientras tanto Samman (el Juez que dictó la orden) y la Jueza Pérez Rojas (la que mando ejecutarla) siguen como si nada hubieran hecho…

Por último el 28 de Julio se cayó el telón de fondo montado sobre la tramoya clientelista del FPV, evidenciando un Jujuy obsecuente con las empresas mineras por un lado, que se instalan arbitrariamente y en contra de la decisión popular de erradicarlas o al menos controlarlas y por otro Ledesma SAAI, esa que trasciende gobiernos los direcciona y asfixia pueblos como Libertador General San Martin con la concentración obscena y desmedida de tierras en las manos de Pedro Blaquier manchadas con la sangre de los compañeros que luchaban para evitar mucho de esto que aun sucede.

Hoy el sindicato de la empresa amenaza con despedir a 40 empleados que sus servicios marcaron como ocupantes ilegales después de salir con un comunicado que los desvinculara de los violentos episodios.  

La historia se repite y Jujuy cansado vuelve a despertar para “hacer tronar el escarmiento” contra los que pretenden aprovecharse más de lo que habitualmente hacen…



DOCUMENTO DEL FOI FRENTE DE ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES


REAFIRMAMOS LA LUCHA POR TIERRA Y VIVIENDA DIGNA EN JUJUY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        S.S. de Jujuy  03 de agosto de 2011

Ante los hechos de público conocimiento sucedidos en la provincia de Jujuy el día jueves 28 de Julio del presente año, el Frente de Organizaciones Independientes (FOI) reafirma la lucha por el esclarecimiento de los asesinatos y las gravísimas irregularidades cometidos en el procedimiento policial de desalojo al asentamiento de terrenos pertenecientes a la Empresa Ledesma S.A.A.I. de la localidad de Gral. Libertador San Martín.
Estimamos que unos 25.000 jujeños son los que necesitan una vivienda digna y que actualmente, tienen recortado el acceso a ese derecho indispensable, por lo que en otras ocasiones hemos propuesto a las autoridades correspondientes un proyecto de compra por parte del Estado de aquellas tierras donde se considerara adecuado extender el ejido urbano de las localidades de la provincia, distribuyéndolos en loteos accesibles y sin espíritu de lucro, a aquellas familias con necesidad habitacional urgente.

Esta propuesta como fue escuchada, fue desatendida.

Hoy vemos con espanto cómo la clase política gobernante y algunos “dirigentes sociales” se aprovechan del aumento de los asentamientos en la provincia que, a partir del 28 se volvieron una situación fuera de control, naturalizada en muchas localidades de Jujuy  y creemos que los intereses que entusiasman y  movilizan a esta dirigencia a proclamarse "campeones de la justicia social", son claramente preelectorales o de corte clientelar, ya que durante años no se ha querido prevenir situaciones como la ocurrida el jueves pasado, teniendo instrumentos legales y presupuestarios suficientes para hacerlo.

 Ante  esta situación exigimos la inmediata implementación de un plan universal por tierra y vivienda para todas las familias jujeñas que tienen postergado ese derecho esencial en la Provincia de Jujuy. Así mismo condenamos enérgicamente la utilización de los asesinatos y las muertes para lograr cualquier tipo de beneficio político y/o  económico, venga de quien venga.

Porque estamos convencidos que la lucha genuina por los derechos fundamentales de las personas trasciende la interna del Partido Justicialista, que como hemos dicho en documentos anteriores, se define a los tiros, momentos antes de cada elección, como bien queda  expresado en las posiciones tomadas por la dirigencia de este partido y los lamentables hechos ocurridos a la fecha.

Frente a esta situación reafirmamos las exigencias de:

- La renuncia inmediata del máximo responsable político, el Gobernador Walter Basilio Barrionuevo.

-El juicio al ahora ex Ministro de Gobierno, Pablo La Villa, responsable político directo del accionar de la Policía Provincial, como tambien al Jefe de Policia Ayarde y el jury de enjuiciamiento al Juez Samman y la Jueza Perez Rojas.

- La intervención estatal de la empresa Ledesma S.A.A.I.

- La implementación urgente de un Plan Provincial de tierra y vivienda para todas las familias con esa necesidad incumplida.

- La exhaustiva investigación, juicio y cárcel si correspondiere a los responsables materiales directos de todos los asesinatos.


FRENTE DE ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES JUJUY FOI

COMISION DE DERECHOS HUMANOS MAMBO-TANGO.JUJUY

MOVIMIENTO TUPAJ KATARI

AGRUPACION BARRIAL AVELINO BAZAN

MADRES, HIJ@S Y FAMILIARES DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS DE JUJUY

CASA DEL ALBA JUJUY

MOVIMIENTO TUPAJ KATARI HUMAHUACA

CENTRO CULTURAL ANDINO

U.T.B. UNION DE TRABAJADORES BARRIALES

BARRIOS DE PIE.LIBRES DEL SUR

O.D.D.N. ORGANIZACION DE DESOCUPADOS DEL NORTE

MEJORANDO JUJUY

ORGANIZACION 19 DE MARZO


CONTACTOS:

(O388) 154-779595

(0388) 154-875828











lunes, 1 de agosto de 2011

Argentina: bloqueo en el "Triángulo del Litio"



Agencia de Noticias Biodiversidadla
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/65270
1-8-2011
El 21 de julio, "ante el arribo de empresas multinacionales en busca de litio", comunidades indígenas de la puna salteño-jujeña agrupadas en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes exigen sobre la Ruta Nacional 52 el cese de la actividad minera y la cancelación de todos los permisos de cateo y explotación concedidos.
Diálogo con Guadalupe Tolaba (44), miembro de la Red Puna.

P: ¿Qué acción cumplieron sobre la RN 52? ¿Cuántas comunidades participaron de la medida?

R: Hicimos un corte de ruta defendiendo los bienes naturales de nuestro territorio en contra de las mineras que tienen permisos de cateo para explorar el litio, que le llaman ahora el "oro del salar". En la zona hay una mesa de pueblos originarios que la están integrando veinte comunidades, aborígenes casi todas, y algunas cooperativas.

P: ¿Cómo es la nueva actividad que se está desarrollando en la región y que, a partir del año último, los ha puesto en alerta?

R: Es la exploración de litio en las salinas. Hay empresas multinacionales que están apostando fuertemente a la exploración y entran de la mano de los Gobiernos. Aquí, incluye a los Gobiernos de Salta y Jujuy: se están dando muchos permisos de cateo y no se está dando participación a las comunidades. Nosotros, desde el momento que conocimos esto, nos pusimos en alerta.

P: Están demandando la entrega inmediata de títulos comunitarios de propiedad. ¿Cuál es la extensión del territorio que reclaman?

R: Es una lucha larguísima... En 1946 se hizo una marcha, que se llamó "Malón de la Paz", hacia Buenos Aires, en la cual estuvieron nuestros abuelos y bisabuelos; algunos todavía viven y muchos otros ya fallecieron. Se hizo la caminata para entrevistarse con Juan Perón. Llegaron allá; no fue como primeramente habían dicho y los deportaron a todos en un tren hacia aquí, y no les entregaron el título de la tierra. Cada comunidad son como 20 ha; el dato preciso no lo tengo. Es toda la parte de la puna desde San Antonio de los Cobres (Salta) hasta La Quiaca (Jujuy); toda la zona está sin entregar. Nosotros hicimos un segundo malón en 2006, con un corte entre la RN 9 y la RN 52, en Purmamarca, donde el Gobierno se comprometió a entregarnos en sesenta días todos los títulos de la tierra. Se entregaron nueve títulos en total; los demás quedaron solo en el decreto. Te dicen que es tierra fiscal, que pertenece al Gobierno, y así está el salar en este momento. Pero nosotros vivimos desde siempre ahí, así que lo vamos a defender a como de lugar.

P: En particular, hacen referencia a dos empresas con intereses en la cuenca Salinas Grandes-Guayatayoc: la canadiense Dajin Resources Corp. y la australiana Orocobre Limited. ¿Cuáles son los proyectos de estas compañías? ¿Cómo se han visto afectados por sus operaciones?

R: No están operando todavía, pero el impacto que pensamos que van a dejar es en el tema del agua, ya que la zona es bastante árida. Se van a gastar millones y millones de litros de agua. Prácticamente nos están enviando a morir a las comunidades. En un principio, habrían engañado a una de las cooperativas salineras dándoles una plata, diciéndoles que van a explorar, no sé si por veinte años, y que les pagaban un dinero. Creo que la gente no aceptó. Nosotros estamos haciendo el apoyo a las comunidades de la cuenca. Hicimos una presentación ante la Corte Suprema para que suspendan toda actividad en la zona y, hace como dos semanas, se hizo una presentación en la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para seguir nuestra causa.

P: Con una demanda de mineral para la fabricación de baterías que crece a un ritmo del 20% añual, la producción de litio para la industria automotriz dejará, según las propias empresas, unos US$337 millones en 2012. ¿Creen que parte de esa riqueza podría ser aprovechada por las comunidades?

R: El principio básico es el derecho a la tierra, nuestro derecho a vivir como vivimos ahora. Deben tener sus derechos ellos para querer explorar; a nosotros no nos interesa eso. Esa plata va a quedar en el Gobierno, empleada para cualquier cosa. De última, una escuela recibirá un pizarrón y una salita, un remedio, pero nos van a dejar acá el desastre, la contaminación. Ya sé que no son como las otras minas, pero aquí se va a usar el agua, que es fundamental para nuestra vida. La gente vive de la cría de llamas, del pastoreo de ovejas, de la pequeña producción, y nosotros queremos que eso se respete. La gente quiere hacer valer la producción del lugar y no emplearse por unos pocos años.

P: Teniendo en cuenta que las tierras que habitan integran una región estratégica compartida por la Argentina, Chile y Bolivia, conocida como el "Triángulo del Litio" y de la cual provienen dos tercios de la producción global de ese mineral, ¿qué dimensión pueden alcanzar los conflictos con las poblaciones originarias, que ya afirmaron su rechazo a las operaciones extractivas?

R: Nosotros vamos a dar lucha; no sé cuál será el resultado... Creemos que va a ser positivo, sino no empezaríamos a luchar. Pero esto empieza ahora; tenemos muchos derechos que en este momento no se están respetando y vamos a dar lucha hasta donde lleguemos.
* Producido por el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en alianza con Acción por la Biodiversidad.

tupaj katari contra ley "trucha" de glaciares en Jujuy

ASI QUIEREN DESTRUIR LA PROVINCIA DE JUJUY

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PADRON MINERO AL 2007