jueves, 29 de marzo de 2012

Corte Suprema, minería y pueblos indígenas


Los pueblos originarios y su rechazo a la minería de litio llegaron al máximo tribunal. En una audiencia extraña, por momentos tensa y enredada, las comunidades exigieron que se cumpla la ley. El gobierno provincial aseguró que no hay exploración de litio en la zona en conflicto.
Por Darío Aranda
Ante una Corte Suprema de Justicia diezmada, sólo cuatro de los siete jueces, la minería de litio llegó al máximo tribunal y dejó más preguntas que respuestas. A pesar de fotos y pruebas de perforaciones, el gobierno jujeño aseguró que no existe exploración minera en la zona denunciada (Salinas Grandes). Los jueces preguntaron, una y otra vez, qué implicaba la “participación indígena” (vigente y explicitada en la Constitución Nacional y tratados internacionales) e incluso dudaron de estar frente a un caso de su competencia (a pesar de que, contradicción mediante, celebraron la audiencia para tratar la causa). Las comunidades originarias señalaron como un paso adelante haber llegado hasta la Corte Suprema, solicitaron que se cumpla la legislación vigente y exigieron que se respete su derecho a decidir como pueblos indígenas.
El litio es un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz. En las Salinas Grandes-Laguna Guayatayoc, puna de Jujuy y Salta, donde viven comunidades kolla y atacama, los gobiernos provinciales identificaron la presencia de litio y dieron la bienvenida a empresas mineras.
Los pueblos originarios cuestionan que gobiernos y empresas violan leyes que obligan a informar previamente cualquier actividad que pudiera afectar sus territorio y alertan sobre el enorme consumo de agua de la minería, en una zona semidesértica como la Puna.
En noviembre de 2010, 33 comunidades indígenas recurrieron mediante un amparo a la Corte Suprema. Ayer, dieciséis meses después, se celebró la audiencia en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.
“Por el litio entraron empresas mineras, hicieron exploraciones, pozos, hubo derrames de agua dulce, manchas en el salar, hicieron terraplenes. Y todo ha sucedido sin que pudiéramos opinar. Los gobiernos nunca nos ha consultado”, denunció Liborio Flores, del Pueblo Atacama, e hizo un recorrido histórico de la presencia indígena en las salinas (desde antes de la llegada española), las luchas de los pueblos andinos (Batalla de Quera, en 1875, y Malón de la Paz, durante el primer gobierno de Juan Perón) hasta la actualidad.
“Con la reforma de la Constitución de 1994, cuando el Estado reconoció a los pueblos indígenas, nos dieron una esperanza de recuperar nuestros territorios, el salar y poder trabajar. Sin embargo, la instrumentación de ese entramado constitucional se ha hecho demasiado largo en las provincias, no tenemos el reconocimiento de los territorios”, cuestionó.
Recordó que hace dos años las empresas llegaron hasta la comunidad y hablaron con pocas familias. Ofrecieron trabajo y mejoras a esas familias. “Eso ha hecho que nuestra en comunidad se produzcan divisiones”, lamentó y recordó que nunca se cumplió la consulta libre, previa e informada que establece la ley nacional e internacional.
“Queremos preservar integridad cultural de nuestros pueblos, pero para eso necesitamos preservar la integridad de nuestros territorios. Queremos cuidar el medio ambiente, que es la vida de nuestros pueblos”, afirmó mientras miraba a los jueces y, en el máximo tribunal del país, hizo un llamado básico: “Pedimos el cumplimiento de los derechos indígenas”.
Cerró su alocución y, de inmediato, sobrevinieron los aplausos de la sala.
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, advirtió que no se trataba de una “tribuna”, y pidió que no haya aplausos al final de las exposiciones.
La abogada de las 33 comunidades indígenas, Alicia Chalabe, explicó el rol central que las salinas tienen en la cultura de los pueblos andinos, “es el elemento central de su identidad, se referencian con las salinas”. Confesó que para las culturas no indígenas es difícil entenderlo, pero llamó a intentar comprender que el ambiente tiene una dimensión “casi humana” para las comunidades.
Cuando abordaba el aspecto cultural-indígena, a dos minutos de comenzar a hablar, Lorenzetti cortó la exposición. Y comenzó un proceso de pregunta-respuesta (donde intervinieron también los jueces Elena Highton de Nolasco y
Juan Carlos Maqueda) que abortó la exposición planificada por la abogada de las comunidades.
“Se pide derecho a participar. ¿En qué los beneficiaría?”, preguntó el Presidente de la Corte.
Chalabe: “Lo que se pide es que se cumpla el derecho a la consulta establecida en normas internaciones de derechos humanos y en el Convenio 169 de la OIT. Las comunidades no han sido consultadas”.
Maqueda preguntó, respecto al derecho a consulta referido a los recursos naturales, en qué debiera consistir la intervención de las comunidades previo a los permisos de exploración.
La respuesta es el ABC del derecho indígena.
La abogada de las comunidades explicó que el Estado “y no las empresas mineras” debe cumplir la obligación de consultar, pero no de cualquier manera. “Con un procedimiento muy detallado”, advirtió y marcó como jurisprudencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Enumeró:
-Lo debe hacer el Estado.
-Se consulta a los representantes que los pueblos deciden que los representen.
-Debe haber una adecuación cultural con una evaluación de impacto social y ambiental de acuerdo a las pautas de los pueblos indígenas.
-Se debe evitar la desigualdad entre las partes. “No puede haber 15 representantes del Estado y de las universidades, y un sólo delegado indígena, como prevé el gobierno de Jujuy”, graficó.
Aún no había finalizado la descripción del proceso de consulta en base al derecho indígena, y Maqueda volvió a preguntar: “¿El Estado ha realizado esas consultas?”
Chalabe fue tajante: “No. Y hay un mapa de la empresa Orocobre (que pretende extraer litio), del 11 de marzo este año, que muestra 47 perforaciones en Salta Y jujuy…”.
Volvió a cortarla Maqueda: “¿Cuáles serían los recursos naturales que esas exploraciones autorizadas por la Provincia afectarían?
“La sal. Y el agua”. Resumió la abogada. Recordó que un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó respecto al uso de agua en minería y explicó la fragilidad del sistema de salinas, con aguas superficiales y subterráneas, dulces y saladas. “La posibilidad que se mezclen aguas dulces y saladas significa la pérdida del salar, que será la pérdida de esta cultura andina de siglos”.
Las constantes preguntas de los jueces, una suerte de ping-pong supremo, había hecho mutar el clima de la audiencia. Nadie había imaginado (al menos los vinculados a los pueblos indígenas) que esa sería la metodología del tribunal.
Este redactor asistió a otras tres audiencias de la Corte Suprema respecto a la realidad indígena (por la desnutrición en Chaco, los desmontes en Salta y, el 8 de marzo último, por el Pueblo Qom de Formosa) y siempre los jueces permitieron exponer sin interrupciones. Las preguntas siempre fueron al final de cada exposición.
La ausencia del juez Eugenio Raúl Zaffaroni, el más cercano a la realidad indígena, también fue un factor negativo para las comunidades.
Enredos
Los momentos más tensos fueron cuando comenzó a preguntar la jueza Highton de Nolasco. En poco menos de 15 minutos, intervino en 24 oportunidades para preguntar y/o repreguntar. La crónica sería, de citarse textual, de insoportable lectura.
Algunos tramos de Elena Highton de Nolasco (EHN) y la abogada Alicia Chalabe (AC):
EHN: La provincia de Jujuy dice que no se ha dado permiso para litio. ¿Es así?
AC: Ojalá pudiera contestarle con certeza de documento escrito. La Provincia no nos ha contestado. En las páginas web de las empresas mineras sí aparece (la exploración).
EHN: ¿Pero lo ven en territorio? ¿Hay gente intentando explotar o es algo puramente preventivo la demanda?
AC: En la comunidad Santa Ana hubo una perforación. En la zona cercana a Cangregillos se está explorando.
EHN: ¿Qué han peticionado al Gobierno?
AC: Se ha pedido en agosto de 2010 que se cumpla el derecho a la consulta.
EHN: Lo entiendo como algo genérico el derecho a consulta, pero en concreto del litio y el borato, piden consulta pero sobre todo participación. ¿En qué consistiría? ¿En si se explota o no? Aparentemente no habría oposiciones a la explotación sino que se quiere una explotación limpia. ¿O es también tener trabajo para la comunidad? Para entender en concreto.
AC: No se está solicitando el ejercicio de un derecho ambiental, sino el ejercicio de un derecho indígena, establecido y desarrollado por la Corte…
EHN: Sí, pero concreteme un poco. Actos concretos que se esperan de la Provincia o de esta Corte, de la sentencia. Porque es una forma muy general el derecho a la participación, ¿pero en concreto?
AC: En concreto es un proceso de consulta que cumpla con los estándares internaciones de derechos humanos. Proceso que no lo lleven adelante las empresas mineras, sino el Estado, con pautas claras.
EHN: ¿Hay alguna exploración o es algo preventivo, un temor?
AC: Existen los permisos de exploración en las informaciones de las empresas mineras. Tienen declaraciones de impacto ambiental, es información de las empresas, no del Gobierno.
EHN: Digamos que por ahora nadie ha pedido nada al Gobierno o no sabemos. Esta demanda contra el Gobierno es en realidad por las páginas web de las empresas.
AC: Y por las actividades (de las empresas) en la zona des salinas (… ) Todo está en la documentación (del expediente).
EHN: Lo he leído completo, pero me queda volando qué es lo concreto que pretenden frente a una exploración. ¿Qué el Gobierno los consulte o que el Gobierno los consulte en general antes de empezar nada? No tengo claro.
AC: El pedido es que se cumpla el proceso de consulta. Y que se haga antes de iniciar…
EHN: Para la Corte tiene que haber un caso, un conflicto concreto. Esto ni siquiera es una demanda meramente declarativa, que es lo mismo que surge del expediente, que está todo muy en general, como hipotético, pero no veo un caso, un conflicto concreto… usted es abogada…
AC: Por eso se ha pedido la información a la Corte. La información no ha sido cedida a la comunidad.
¡Ayuda!
El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, resumió. “Está claro que piden el derecho a consulta y participación”. Y preguntó: “¿Quieren que el Gobierno les pida una opinión? ¿Autorización para entrar a explorar? ¿Participación qué significa? ¿Debe ser el Estado? ¿El Estado debe pedir permiso? ¿Y si no se da permiso no se puede realizar? ¿Los pueblos originarios tendrían ese derecho? ¿O consulta y participación es un debate donde después decidiría el Estado?”
La abogada de la comunidad, Alicia Chalabe, explicó que la participación se debe dar antes, durante y después de la exploración, en todo momento que se decida sobre los recursos naturales en territorios indígenas. Y remarcó que la jurisprudencia internacional, a que Argentina adhirió, prevé como “salvaguarda especial el consentimiento. No se trata de una participación informativa o de un solo proceso de conversación con las comunidad”.
Lorenzetti redondeó la idea (sujeta a derecho indígena). “En concreto, usted plantea que para explotar debe haber consentimiento de las comunidades indígenas. Y si no lo hay no se puede explotar, como si fuera propiedad originaria”.
Chalabe cerró: “Sí”.
Gobierno
En representación del gobierno jujeño expuso el fiscal de Estado, Alberto Matuk, que enfrentó las mismas preguntas, repreguntas e interrupciones que la abogada de las comunidades indígenas.
Explicó que en la zona hay seis explotaciones de boro, pero que una sola afecta a una comunidad y que ésta dio su visto bueno “y participó en todas las etapas” de exploración, instalación y explotación.
“No existe ni exploración ni explotación de litio en la zona de Laguna Guayatayoc-Salinas Grandes. Existen pedimentos, varios, diversos, pero sin ninguna clase de trámite”, señaló sin inmutarse –por la contradicción– el Fiscal de Estado. Es una misma oración reconoció pedidos de exploración, pero no trámites. Los jueces, incisivos en toda la audiencia, no repreguntaron.
Cerró la audiencia la joven kolla Modesta Rosana Calpanchay, de la comunidad Puesto Rey. Respaldó las afirmaciones del gobierno provincial y dio la bienvenida a la minería en la región. “El Gobierno nos entregó título y nos consultó siempre (…) No sólo queremos fuentes de trabajo, queremos ser proveedores de servicios locales, queremos educación, capacitación. Si tenemos abogados y geólogos podremos controlar mejor”.
La comunidad de Calpanchay, reconocida en la zona por su cercanía al gobierno provincial, está ubicada a 90 kilómetros de la zona de conflicto, en Susques, región que no está incluida en la amparo ante la Corte Suprema y, por lo cual, no se entendió su participación en la audiencia.
Epílogo indígena
Los delegados de las 33 comunidades regresaron anoche a la Puna. Antes de partir, Liborio Flores, 49 años, padre de siete hijos, del Pueblo Atacama, hizo su balance, a título individual (avisó que la próxima semana habrá asamblea y allí surgirá una lectura colectiva). “La audiencia fue una oportunidad, es la primera vez que la Corte recibe a los pueblos andinos, planteamos nuestra realidad y pudimos recordar las luchas de nuestros abuelos. Llegar a la Corte Suprema es parte de esa misma lucha”, explicó.
Consultado sobre el gobierno provincial, Flores sonrió. “Conocemos sus dobles discursos. Se muestran como corderitos y en el territorio ya le conocemos bien el cuero. Dicen que no hay exploración, pero todos sabemos que sí hay, incluso se le escapó al decir que hay ‘pedidos’”, alertó.
Y, sin nombrarlos, Flores recordó a los jueces supremos. “Parecía que querían que dijéramos otra cosa. Nosotros no estábamos pidiendo plata ni trabajo, no pasa por ahí nuestra vida. Nosotros queremos que nos dejen decidir nuestro futuro”.

Otra serpiente que viaja por la sal


Reclamo de comunidades aborígenes ante la Corte por proyectos mineros en salinas de Jujuy


Representantes de 33 comunidades reclamaron que se los consulte antes de otorgar concesiones para explotar litio.

/fotos/20120329/notas/na16fo01.jpg
“Queremos que nos respeten como ciudadanos argentinos nativos que somos”, dijo Robin Suárez.
Representantes de 33 comunidades originarias, habitantes ancestrales de territorios que forman parte de las provincias de Jujuy y Salta, reclamaron ayer, en una audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia, que se los consulte sobre los proyectos de “exploración y explotación” de litio y borato que se llevan a cabo en la región de Salinas Grandes, donde ellos viven. Esas iniciativas –denunciaron– “avanzan sobre sus actividades económicas, culturales y sociales”. Es que unos de los medios de vida de esas comunidades es la recolección y comercialización de sal. El gobierno de Jujuy asegura que a las comunidades se les dio participación cuando se concesionó la explotación de borato.
“Al menos 12 empresas transnacionales mineras de litio (mineral que tiene numerosos usos en la industria y en la medicina) exploran en la puna jujeña y salteña, con un total de 33 proyectos, de los cuales cuatro comenzarán su explotación en los próximos dos a seis años”, informaron miembros de las comunidades originarias. Frente a esta situación, las comunidades decidieron autoconvocarse para “hacer efectivos sus derechos reconocidos en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución nacional, el Convenio 169 de OIT y la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU”, añadieron.
“Las comunidades se enteraron a través de los medios de comunicación que las empresas se instalarán en sus territorios y nunca han sido informadas ni consultadas sobre este tema que amenaza su forma de vida. Estas comunidades se encuentran en situación de extrema pobreza y aislamiento y tienen muy poco acceso a los medios de comunicación”, expresó Alicia Chabale, abogada que representa a las comunidades ante la Corte.
Sin embargo, representantes del gobierno jujeño, convocados para la audiencia, replicaron que ese reclamo ya fue satisfecho “con holgura” y pusieron como ejemplo que cuando se concesionó la explotación de borato (la de litio aún no ha comenzado) los pueblos originarios tuvieron “participación en la evaluación del impacto ambiental”.
Las comunidades originarias que habitan las Salinas Grandes, en los departamentos jujeños de Cochinoca y Tumbaya, sostienen que les fue “cercenado” el derecho a la participación prevista en la ley para la concesión de permisos de exploración y explotación minera en esas áreas.
En este sentido, ante los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, el representante de las comunidades, Liborio Flores, y la letrada Chalabe reclamaron “una consulta libre, previa e informada sobre las obras” previstas para los futuros procesos de exploración y explotación. Ello contribuirá, según consideraron, a “preservar la identidad cultural” de los pueblos originarios.
“En la zona de Salinas Grandes, los recursos afectados serán la sal y el agua. Está claro que existe la posibilidad de que se transmitan las aguas dulces y se transfieran con las sales, lo que significaría que las comunidades tendrían que dejar de trabajar la sal”, expuso Chalabe.
La audiencia fue seguida en los salones del cuarto piso del Palacio de Tribunales por dirigentes políticos y sociales, entre ellos el ex diputado Luis Zamora y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. En las afueras del salón principal, decenas de integrantes de las comunidades originarias, varios de ellos con atuendos típicos, también acompañaron la audiencia, que prosiguió con una conferencia de prensa en el Hotel Bauen.
En la zona de Salinas Grandes viven 6500 personas. Allí existe una gran reserva de litio y potasio. “Exploraciones, pozos, derrames de agua dulce, terraplenes y caminos se han hecho sin que nosotros podamos opinar y por eso hemos recurrido a la Corte Suprema, mediante un amparo iniciado ante el máximo tribunal en noviembre de 2010”, señaló Flores.
Robin Suárez, referente kolla de las comunidades aborígenes, dio a Página/12 una respuesta terminante: “Queremos que nos respeten como ciudadanos argentinos nativos que somos. Hemos percibido que los gobiernos provinciales de Jujuy y Salta desconocen nuestra existencia y eso lo consideramos una falta de respeto hacia las comunidades originarias que habitamos la región de Salinas Grandes”.
“Las salinas han sido desde siempre un recurso importante de supervivencia. Por ejemplo, los salineros han llegado a hacer hasta viajes de 30 días a países vecinos con el único objetivo de intercambiar la sal por otros productos”, dijo Flores.
“Desde hace dos años, con el auge de la minería y el litio, hubo un gran revuelo, en manos de personas que no son de la zona. Nos preocupa no poder seguir viviendo como hasta ahora”, comentó Flores. Agregó: “Este reclamo busca preservar la identidad cultural de nuestro territorio. Exigimos cuidar la vida de nuestros pueblos”.
Informe: Sabrina Améndola.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-190674-2012-03-29.html

sábado, 24 de marzo de 2012

Nueva fecha para audiencia judicial por minería a cielo abierto en la Quebrada de Humahuaca


PARTE DE PRENSA                                                                                                                                   21 marzo  2012
Nueva fecha para audiencia judicial
por minería a cielo abierto en la Quebrada de Humahuaca
 

El jueves 22 de marzo a las 8 y 30 hs.,
es la nueva fecha para audiencia en los Tribunales de Jujuy

En nuevo llamado a audiencia, el Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy, presidido por el juez Sebastián Damiano, llamó a otra audiencia por el recurso de amparo presentado por los vecinos de Tilcara y Juella para frenar la minería a cielo abierto. La audiencia, de no mediar alguna situación especial, se realizará el jueves 22 de marzo en los tribunales de Jujuy, esta vezante la presencia de la empresa Uranio del Sur S.A., quien pretende llevar adelante la explotación de uranio en la Quebrada de Humahuaca. Mientras la causa principal se encuentra con un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Pueblo de Tilcara y Juella reafirmamos la lucha contra la minería a cielo abierto en la Quebrada de Humahuaca.

El 1º de agosto de 2008, los vecinos de Juella y Tilcara presentamos un recurso de amparo “exigiendo que el Juzgado Administrativo de Minas se abstenga de otorgar permisos de cateos, exploración y explotación minera a cielo abierto y la utilización de sustancias químicas como cianuro, mercurio, acido sulfúrico y otros tóxicos similares utilizados en los procesos de producción y/o industrialización de minerales metalíferos, especialmente de uranio, y que se revoquen los permisos concedidos o en trámite en la zona dela Quebrada de Humahuaca, Jujuy”.

Los Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella buscamos así frenar los permisos de cateo y exploración de minerales de 1ª y 2ª categoría que habían sido otorgados a la empresa Uranios del Sur S.A. (exptes. 1017-U-2008, sobre una superficie de 9.100 hectáreas, y 721-U-2007, sobre 5.000 hectáreas) en el departamento de Tilcara, más precisamente en las zona de “Los amarillos” de Juella y Yacoraite, sobre los territorios de las Comunidades Aborígenes de Yacoraite y El Angosto de Yacoraite. A pesar de que los pedidos de cateos involucran territorios de las comunidades aborígenes, las mismas nunca fueron convocadas por el Juez, violando todos los derechos que las amparan en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 dela OIT.

Si bien la causa principal se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un Recurso de Queja presentado por los Vecinos Autoconvocados, el juez Damiano convocó a los vecinos, al Estado provincial y a la empresa Uranio del Sur S.A. en los tribunales de calle Senador Perez y Belgrano, de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Los llamados a audiencias, ha provocado un gran alerta en el pueblo de Tilcara y Juella, que en los últimos días se manifestó con numerosos carteles y pintadas, reafirmando su oposición a la explotación minera a cielo abierto.
La comunidad de Juella y Tilcara estaremos presentes frente a los tribunales de Jujuy para hacer escuchar nuestra voz y pedir que se apliquen las consideraciones del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, donde el juez Héctor Tizón reconoció la plena vigencia del “principio precautorio” consagrado en el art. 4º de la Ley General del Ambiente 25.675/02, que reglamenta el art. 41 de la Constitución Nacional, que dispone que cuando haya peligro de daño grave e irreversible —como lo es la explotación minera a cielo abierto— se debe actuar a favor de la protección del medio ambiente, y no es necesario esperar que se produzca el daño, ya que el mismo resulta irreversible.
Una vez más los Vecinos de Tilcara y Juella reafirmamos:
* La gran minería a cielo abierto es la peor opción de "progreso" para nuestra provincia. Mueve mucho dinero entre pocas personas; contamina el medio ambiente, ahora y para nuestros hijos; usa millones de litros de agua diarios, secando arroyos y napas de agua, perjudicando la agricultura y la ganadería, arruinando definitivamente la vida en el campo y los pueblos de la Quebrada y la Puna.
* Ya existe contaminación en nuestra Puna, reconocida por el propio Gobierno provincial y las empresas mineras, denunciados penalmente. Exigimos que se activen estas causas penales por delitos ambientales que se encuentran cajoneadas en las fiscalías federales Nº 1 y Nº 2 de Jujuy, a cargo de los fiscales Batule y Snopek.
* Reiteramos nuestro reclamo la Legislatura y al Gobernador para que se prohíba en nuestra provincia la minería a cielo abierto con el uso de sustancias químicas.
Defendemos la vida, la tierra y el agua, los cultivos y la ganadería que hacen a la vida tradicional quebradeña.
No toleraremos la explotación minera en la zona. No permitiremos el saqueo de nuestros bienes naturales.
Resistiremos con la fuerza que nos da el derecho a defender lo nuestro, nuestra salud y el futuro de nuestros hijos, nuestras formas de vida, nuestra cultura y nuestra Madre Tierra.

 Invitamos al pueblo de Jujuy a acompañarnos en la audiencia del jueves 22 de marzo, a las 8 y 30 hs, en Senador Pérez y Belgrano.
 Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella
En defensa del agua y de la vida / NO a la minería de uranio
NO a la minería a cielo abierto / NO a la contaminación de nuestras tierras y ríos

jueves, 22 de marzo de 2012

La Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial se reunió ayer



Se concretó la segunda reunión del año de la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (Ugamp), que reunió a referentes de sectores de ambiente, minería, derechos humanos y comunidades aborígenes para analizar el estudio de actualización de impacto ambiental, esta vez de Mina Pirquitas, que fue aprobado.

Participaron representantes de la Secretaría de Medio Ambiente, de Derechos Humanos, de la Universidad Nacional de Jujuy, de la Cámara Minera de Jujuy, de la Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma), entre otros, coordinados por un representante de la Secretaría de Minería, Carlos Lavadenz. En este sentido, el secretario de Minería y Recursos Energéticos, Carlos María Navarro destacó que también participan de esta unidad las comunidades de las zonas donde se realizan los emprendimientos.

“En este casos vamos a tratar el informe de impacto ambiental de Mina Pirquitas, es un informe que debió haberse tratado tiempo atrás, y no se hizo por el cambio de Gobierno, o de otra índole”, afirmó el secretario de Minería.

Anunció que se está realizando la agenda de la Ugamp, que permitirá el análisis de todos los informes que quedaron pendientes y los que se presentarán en el futuro. Se trata de estudios de proyectos en funcionamiento, como el de Pirquitas, otros de pedimentos nuevos o de prospección.

En ese marco se discuten los proyectos, al que asisten puestos en conocimiento ya que cuentan con los informes que se les envía previamente para leer y estudiarlos, de modo que planteen las dudas correspondientes, de modo que pueda ser reformulado si se lo requiriera, y cuya resolución se le informa a Minería. Luego se de a conocer al Juzgado Administrativo de Minas, de modo que como autoridad concedente, opere.

Inició la reunión el secretario de Minería Navarro y también el director de Minería Javier Elortegui Palacios, quien ofreció despejar todo tipo de dudas, especialmente técnicas a las comunidades ,
Luego de varias horas la Ugamp resolvió aprobar el estudio de impacto ambiental de Mina Pirquitas, que data de 2009 -2010, aunque algunos representantes de las comunidades de incidencia del proyecto, habrían pedido que se incluyera en adelante a otras comunidades que no habían sido contempladas por no pertenecer a la zona de influencia. Habrían solicitado que se incorporara a la mesa de enlace, que debía retomar las reuniones que habría iniciado con la empresa.

“El gobernador en muchas oportunidades lo dice, se va a hacer minería en tanto y en cuanto se respete el medio ambiente y con la participación de la comunidad”, explicó el secretario de Minería, recordando el espíritu de las Unidad que extendió sus deliberaciones hasta alrededor de las 14 de ayer.

La primera reunión, realizada una semana antes, se había centrado en el proyecto de Mina Chinchilla, de Inversiones Mineras Australes S.A. (Imausa).

La Ugamp fue creada por el decreto 2.881 de 1997, tendiente a realizar el análisis de los informes de impacto ambiental de todas las empresas dedicadas a la minería para analizar el impacto ambiental que genera su actividad en cualquiera de las etapas: de exploración, prospección o explotación. La resolución de la Unidad serviría para que la Dirección de Minería a aceptar, modificar o rechazar el informe de impacto ambiental.

http://www.eltribuno.info/jujuy/139928-La-Unidad-de-Gestion-Ambiental-Minera-Provincial-se-reunio-ayer.note.aspx

lunes, 19 de marzo de 2012

Litio: Las comunidades del NOA también llevan su reclamo a la Corte



Más de 30 comunidades indígenas se verán la cara frente al Tribunal Superior de Justicia con el gobierno de Jujuy, en su reclamo contra los permisos para explotar litio en las salinas de la puna. Días atrás, una audiencia también en la Corte cruzó el testimonio de la comunidad Qom con las débiles explicaciones de Formosa.
La Corte Suprema de Justicia volverá a ser escenario de una audiencia pública para que las comunidades indígenas puedan hacer efectivo su reclamo contra gobiernos provinciales. Tras la participación del pueblo Qom, ahora es el turno de los habitantes de Jujuy y Salta que denuncian a sus provincias por haber otorgados permisos de explotación de litio sin consultarlos previamente. Reclaman que se suspendan los proyectos ya en curso y se congelen las próximas autorizaciones.
La audiencia está convocada para el próximo miércoles 28 de marzo a las 10, e incluye una citación al gobernador jujeño, Eduardo Fellner. La demanda corre para esta provincia, pero también contra Salta y además se introduce en la acción legal al Estado Nacional “debido a la presunta conducta omisiva en que incurrió a través de su Secretaría de Minería".
En total, son 33 las comunidades que iniciaron esta demanda hace ya dos años, todas ellas habitantes de la zona de Salinas Grandes que abarca los departamentos de Cochinoca y Tumbaya de Jujuy y La Poma y Cobres de Salta, e integra a su vez la sub-cuenca de la Laguna de Guayatayoc – Salinas Grandes.
Entre la puna argentina, el norte chileno y buena parte de Bolivia se conforma el llamado “triángulo del litio” donde está concentrado cerca del 85% del mineral de todo el mundo.
En concreto, las comunidades reclaman “que se ordene el dictado de una medida cautelar por la cual se ordene abstenerse de otorgar cualquier permiso administrativo de cateo o exploración y explotación minera en la zona de riesgo en cuestión, especialmente las referidas a litio y borato, así como también que se suspenda la ejecución de los permisos ya otorgados”.
De acuerdo a la presentación ante la Justicia, los proyectos “ya han tenido principio de ejecución, según surge de la prueba documental que agrega al expediente y que demuestra la iniciación de trabajos, estudios y perforaciones en la zona de Salinas Grandes”.
Los demandantes
Comunidad Aborigen de Santuario Tres Pozos
Cominidad Aborigen de San Francisco de Alfarcito
Comunidad Aborigen del Distrito de San Miguel de Colorados
Comunidad Aborigen de Aguas Blancas
Comunidad Aborigen de Sianzo
Comunidad Aborigen de Rinconadilla
Comunidad Aborigen de Lipan
Organización Comunitaria Aborigen “Sol de Mayo”
Comunidad Aborigen de Pozo Colorado - Departamento Tumbaya
Comunidad Aborigen de Santa Ana, Abralaite, Río Grande y Agua de Castilla
Comunidad Aborigen El Angosto Distrito El Moreno
Comunidad Aborigen Cerro Negro
Comunidad Aborigen de Casa Colorada
Comunidad Esquina de Guardia
Comunidad Indígena Atacama de Rangel
Comunidad Aborigen de Cobres
Comunidad Likan Antai Paraje Corralitos
Comunidad Aborigen de Tipan
Comunidad Aborigen Sayate Oeste, Departamento Cochinoca
Comunidad Aborigen de Quebraleña Pueblo Kolla-Departamento Cochinoca
Comunidad Aborigen de Santa Ana de la Puna
Comunidad Aborigen Cochagaste
Pueblo Kolla de la Provincia de Jujuy
Consejo de Participación Indígena (CPI)
Blog del autor: http://relatosdetierra.blogspot.com/
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=146493&titular=litio%3A-las-comunidades-del-noa-tambi%E9n-llevan-su-reclamo-a-la-corte

martes, 13 de marzo de 2012

Meridian Gold en Jujuy: El regreso de los muertos vivos.




Ex directivos de la peor empresa minera de Argentina se encuentan trabajando y operando en la provincia de Jujuy, con el visto bueno del gobernador Fellner.
¿ Se acuerda de MERIDIAN GOLD ? Solo nombrarla causa el rechazo entre los empresarios mineros y entre los vecinos contrarios a estos emprendimientos.  Es que esta empresa fué la detonante del conflicto por la frustrada instalación de una mina de oro y plata en el cordón Esquel, en la provicnia de Chubut, Argentina.  En el año 2003 la presión popular terminó en un plesbiscito donde el 81 % de la población local expulsó a la minera Meridian Gold, y desde ese momento los conflicto mineros se esparcieron por todo el país.

Actualmente el Ingeniero José de Castro, quien fuera superintendente de operaciones de la planta de Meridian Gold en Esquel y que en definitiva fué quien desarrolló el PLAN DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD en esa ciudad es el Gerente General de la empresa Sales de Jujuy S.A. que pretende extraer LItio en esa provincia.  Estos antecedentes permiten suponer que el Ingeniero De Castro estaría implementando un plan comunicacional similar al presentado en el proyecto del Cordón Esquel, o sea tratar de convencer a la población preocupada, con la supuesta apliación de soluciones tecnológicas basadas en las reacciones químicas que "naturalmente" degradan los productos utilizados en la minería y que de esa forma no perjudican el medio ambiente.

Otro de los "muertos resuscitados" es el Ingeniero Gonzalo Tufino, quien fuera Gerente General de Meridian Gold, y que actualmente se encuantra imputado por la justicia en Esquel por el delito de “desobediencia de una orden judicial”. Tufino a reaparecido también en Jujuy representando a empresas mineras canadienses, quienes se reunieron con el Secretario de Minería de la provincia, Ing. Carlos Navarro.  Estos empresarios fueron traidos a Jujuy por un experto minero de Salta, actual diputado por el justicialismo.

Sin embargo, Tufino ya habría caído de mala manera a las autoridades provinciales al expresar que “Las posibilidades de inversión son permanentes en la provincia pero los capitales escapan a la burocracia del Estado y a los malos funcionarios”.

Esperamos sinceramente que tanto De Castro como Tufino actúen en consecuencia a sus antecedentes.
 
Humberto.

"Milagro Sala y los dirigentes de la Tupac son los nuevos ricos de Jujuy"

Alejandro Mansilla era la mano derecha de Sala. Se fue porque dice que “la dignidad de los compañeros no tiene precio.” La denuncia.
"Milagro Sala y los dirigentes de la Tupac son los nuevos ricos de Jujuy"
Pilo. Así llaman sus compañeros a Mansilla. Su grupo era uno de los veinte que integraban el movimiento de Sala. Se fue por disidencias.

Desde San Salvador de Jujuy
Algunos decían que era “el heredero”. Otros que era “su mano derecha”. Pero todo eso se rompió. Alejandro “Pilo” Mansilla, de 34 años, nunca heredará el imperio que levantó Milagro Sala: Tupac Amaru. Ahora es un traidor para unos y para otros, el único que puede enfrentarla. “Esto está muy pesado. Cada vez más gente se nos acerca, pero cada vez tenemos menos recursos. Nos están ahogando. No podemos ofrecer nada más que una convicción, porque para nosotros no hay planes, bolsones y obras. Esto es lo que pasa si no estás con ella. Tenemos todas las puertas cerradas”, dice “Pilo”, uno de los fundadores de “Agrupación La 27”, compuesta por disidentes de Sala. “Acá hay es mucho miedo”, dice Mansilla, defensor del modelo kirchnerista.
Mansilla conoció a Sala en la popular de Gimnasia y Esgrima de Jujuy en 1999. “Ahora no me dejan entrar a la cancha”. Se hicieron amigos pero más los unió la crisis económica y social. Más tarde vieron nacer a Tupac Amaru. “El objetivo era copar las calles, ganar la plaza para tener presencia”, relata.
Mansilla anda custodiado por un hombre de “La 27”, porque “los otros son pesados”. Cuando tuvo la oportunidad “El Pilo” le dijo a Milagro Sala: “Me voy. Estoy cansado de ser de una agrupación que financia empresarios”. Según el dirigente ella le contestó que estaba equivocado, que nunca permitiría algo así. Hoy, a seis meses del último éxodo jujeño, Mansilla resalta una diferencia que resultó insalvable. “El tema eran las formas. Una cosa es buscar el bienestar para los compañeros y otra cosa es la ostentación. Por un lado hay un manejo sin control de los dirigentes y por el otro están los empleados de las cooperativas con sueldos de $2.500”, analiza.
—¿Porqué renunció a la Tupac Amaru?
—Porque la dignidad de los compañeros no tiene precio. Hoy en la Tupac son todos empresarios. No tenés un dirigente humilde. Son todos dueños de boliches, de empresas de colectivos, de maquinaria o transportes. Tupac terminó financiando todo eso y me abrí. Tienen mucho poder económico, pero no hay control de nada. Tampoco nos gustaban algunos manejos. Planteamos, muchas veces, resolver algunas cuestiones en asamblea, pero todo terminaba en la voluntad de una sola persona.
—¿Porqué dice que no se respetó la dignidad de los militantes?
—Lo que más nos indigna es que no se le dan los títulos de propiedad a los compañeros a los que se les entrega una de las casas que hace Tupac. Nadie es dueño. No existe la escritura. Son casa prestadas y en eso también tiene responsabilidad el Gobierno, porque deja que la gente quede como rehén. Al no ser dueño te pueden echar cuando quieran. Si no hacés lo que te dicen te rajan, te dejan sin casa. El mismo autoritarismo hay con los planes sociales y los bolsones. La gente tiene miedo de no ir a las movilizaciones porque te quitan la casa. Te mandan una patota y te desalojan, sin ningún tipo de orden judicial.
—¿Había malversación de fondos cuando estaba en Tupac Amaru?
—Sólo tiene que ver como viven los dirigentes de las casi 20 agrupaciones que están nucleadas con Tupac. Los referentes de los compañeros humildes son empresarios, dueños de boliches y empresas constructoras. En cuatro años pasaron a manejar una Toyota Hylux de $200.000, ya están a otro nivel. Son los nuevos ricos de Jujuy.
Al cierre de esta Edición PERFIL intentó comunicarse con la dirigente Milagro Sala para que conociera las denuncias que Mansilla realizó acerca de ella y de su círculo de dirigentes de la Agrupación Tupac Amaru. En el celular de la dirigente no atendió nadie en ninguno de los intentos. También este diario llamó a la pareja de Sala, Raúl Noro, y su teléfono estaba apagado. Finalmente en el teléfono de otro dirigente de la Tupac, de nombre Federico, éste atendió y señaló que Mansilla “tiene intereses económicos” y sugirió “investigar los problemas que tuvo Pilo en el barrio y en el trabajo”


JUJUY : Comunidades Originarias vs. Megaminería


“En la Puna, sufrimos la contaminación por la omisión y descuido en los cuidados ambientales del estado y empresas como Metal Huasi, Pan de Azúcar, Pirquitas, Mina El Aguilar, que afectan seriamente nuestros suelos y salud, y no existe plan de remediación ambiental y humana, con graves secuelas en la salud de los habitantes.”, dijeron a COPENOA los representantes de Pueblos Originarios jujeños.

Armando Quispe , representante del Consejo de Comunidades Originarias del departamento Cochinoca, la Red de Comunidades del Departamento de Yavi, el Consejo de Organizaciones Originarias de Rinconada, la Asamblea del pueblo Quechua de Santa Catalina, el Pueblo Autónomo de Humahuaca y el Consejo de Participación Indígena del Pueblo Atacama, en comunicación con COPENOA manifestaron que :
”Ante las manifestaciones de los pueblos en toda Latinoamérica por el avance de la minería a gran escala, nos adherimos plenamente a las marchas y protestas que se realizan en toda la nación Argentina.”
En ese sentido , sostuvieron que apoyan y adhieren a las comunidades de Tilcara, Cangrejillos y Mesa de Salinas Grandes que rechazan social y judicialmente los emprendimientos mega mineros impuestos por las empresas multinacionales y el gobierno provincial.
“En los últimos tiempos resistimos la explotación de minería a gran escala en nuestro territorio debido a que ésta actividad produce innumerables consecuencias negativas, como ser el desarraigo de las poblaciones, desertificación, empobrecimiento del suelo y uso desmesurado del agua que es escasa en nuestra zona y la consecuente contaminación de la misma que provoca seria amenaza a nuestra producción hortícola y ganadera que desarrollamos desde tiempo inmemorial en total armonía con la naturaleza por lo que entendemos que minería y producción agro ganadera son dos actividades que no pueden convivir.
En la Puna, sufrimos la contaminación por la omisión y descuido en los cuidados ambientales del estado y empresas como Metal Huasi, Pan de Azúcar, Pirquitas, Mina El Aguilar, que afectan seriamente nuestros suelos y salud, y no existe plan de remediación ambiental y humana, con graves secuelas en la salud de los habitantes. De esa manera, el dirigente Jorge Mamaní de las Comunidades Originarias de Jujuy expreso a COPENOA que “ Denunciamos los permisos de exploración y explotación otorgados en nuestro territorio a empresas mineras sin nuestro consentimiento libre, previo e informado.
Exigimos al Gobierno provincial y nacional la entrega inmediata de los títulos de propiedad a sus ocupantes ancestrales libres de proyectos que no hayan sido consensuados con nuestras asambleas.”
“Estas tierras deben ser aptas para la vida, la agricultura familiar, el desarrollo de nuestra cultura, tradiciones y cosmovisión.
De nuestra agricultura y ganadería vivimos las familias y la sociedad en su conjunto, la minería amenaza nuestras fuentes de vida y la autosubsistencia.”
“La OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros) actualmente negocia con las empresas multinacionales nuestros bienes naturales violando nuestros derechos esenciales al territorio, medio ambiente, agua, vida, salud amenazando así a las futuras generaciones.” ,agregaron los originarios.

lunes, 12 de marzo de 2012

Tensión en Jujuy: Ordenan detener a 7 dirigentes del Sindicato del Azúcar La Esperanza


Siete dirigentes del Sindicato del Azúcar del Ingenio la Esperanza son buscados por la Justicia, por una orden emanada por la Dra. Pérez Roja.

10 de marzo
La justicia sampedreña dictó una orden de detención contra siete dirigentes del Sindicato del Azúcar del Ingenio la Esperanza, entre ellos los asesores legales Enrique Waschneider y Fabián Tejerina, “una medida que atenta contra la libertad sindical” expresaron dirigentes de ese sindicato.
La orden dictada por la Jueza Dra. Carolina Pérez Rojas, por la causa que se le inició a los dirigentes de la Esperanza por la toma de los tribunales, juzgados y demás organismos que funcionaba en el edificio ubicado en calle Rogelio Leach Nº 224 de la ciudad de San Pedro de Jujuy, producida en el mes de marzo del 2010, motivo por el cual quienes allí trabajan, fueron retenidos en contra de su voluntad hasta pasadas las veinte horas del día martes 30.
Recientemente se habría producido la detención del dirigente Maygua, lo que causó preocupación en el seno de la dirigencia de la CTA Jujuy donde está afiliada esta organización social.
Recordemos, que en su oportunidad el Superior Tribunal de Justicia, sostuvo que “existió un exceso en el ejercicio del derecho de peticionar y manifestar ante las autoridades”.
En aquella oportunidad, los trabajadores querían evitar que la jueza que llevaba la quiebra del Ingenio La Esperanza, autorizara un acuerdo de financiamiento con el Ingenio El Tabacal sin que previamente se les informara sobre los alcances de la operación. Los trabajadores tomaron los tribunales de San Pedro al saberse que la jueza de la quiebra, Cristina Lakatos, se aprestaba a autorizar un acuerdo de financiamiento de la interzafra con el Ingenio El Tabacal, por una cifra cercana a los 26 millones de pesos, sin el consentimiento de la dirigencia sindical.
La Jueza que entiende en la causa es la Dra. Carolina Pérez Rojas, la misma que ejecutó la orden de desalojo y represión en las 15 hectáreas del Ingenio Ledesma, donde el Secretario de Acción Social Carol Leónides Sosa fue detenido por el simple hecho de ser Dirigente del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma y donde el Apoderado de nuestra agrupación gremial en Ledesma, Fernando Arias, fue baleado con proyectil de plomo a quemarropa por la Policía de la Provincia de Jujuy, en su domicilio particular.
La misma magistrada también tiene en su haber otra causa, por un hecho de violencia ocurrido el pasado 20 de agosto del 2011 y donde puso en peligro la vida del dirigente del Sindicato del Azúcar de la Esperanza, José María Castrillo y a su familia puesto que balearon la vivienda cuando se encontraba dentro él y su grupo familiar. Ese día, dos personas de quienes aún no se tiene identidad, dispararon con armas de distintos calibres el frente de la casa de José María Castrillo, ante lo cual el Dr. Enrique Waschneider, hoy con pedido de detención, informó que “por lo menos fueron 6 los disparos efectuados, y dos de ellos traspasaron hacia el interior de la vivienda sin que haya heridos”.
La decisión de la Dra. Pérez Rojas, se adoptó en momentos en que Secretario General del Sindicato azucarero Santiago Bonilla, afirmara que no brindarían el aval para que la actual empresa que concesiona el Ingenio, Roggio S.A. prorrogue por un año más sus labores en el ingenio, tal cual como lo habría ya solicitado.

tupaj katari contra ley "trucha" de glaciares en Jujuy

ASI QUIEREN DESTRUIR LA PROVINCIA DE JUJUY

ASI QUIEREN DESTRUIR LA PROVINCIA DE JUJUY
PADRON MINERO AL 2007