S. S. de Jujuy - Hubo un amplio consenso en la necesidad de que haya más información, más participación, más pluralidad; en definitiva, más democracia, para analizar un tema que involucra no sólo cuestiones económicas y ambientales, sino que impacta sobre los modelos de desarrollo y la vida misma de las comunidades
Los miembros de Directorio del Instituto de Políticas Públicas de Jujuy, Pablo Baca y Jorge Rizzotti, ambos coordinadores –junto a Lucio Giménez- de la Comisión de Minería y Medio Ambiente, evaluaron como positivo el debate que se desarrolló en las jornadas recientes organizadas por la entidad que convocaron a diversos actores ambientalistas, campesinos e indígenas.
El encuentro que tuvo lugar en la Facultad de Humanidad reunió a expertos en temas ambientales que analizaron los impactos de la megaminería, pero además también congregó a referentes de comunidades indígenas de Susques, Cangrejillos, Salinas Grandes, así como a asambleístas de Famatina y Andalgalá, quienes plantearon la afectación de los territorios y el ambiente, y la confrontación que produce el modelo extractivo con sus modos de vida y las economías regionales.
El diputado Jorge Rizzoti apreció que la participación que registró la actividad pone de manifiesto “la necesidad que tiene Jujuy de debatir un tema sobre el que poco se habla” y observó que “hay una estrategia política destinada a silenciar este debate”.
“Las jornadas revelan que existe un enorme interés de comunidades y diversos sectores de participar y ser escuchados en relación con los dilemas que plantea la minería, que si bien es necesaria, debemos analizar cómo se hace minería para que sea sostenible y aporte al desarrollo” agregó Rizzotti.
El legislador fue crítico al señalar que “no se observa en la provincia medidas serias para modificar los escasos controles que se realizan sobre la actividad, entendemos además que no hay una política de control de la minería que se está extrayendo” subrayó y señaló que desde “el IPP, así como desde la UCR y desde el Bloque de Legisladores vamos a seguir trabajando para proponer cambios a este escenario provincial”.
Un tema urgente en Jujuy
Por su parte, Pablo Baca consideró que “la activa participación de diversos sectores que respondieron a las jornadas del IPP, da cuenta de la actualidad y la urgencia que tiene el tema en Jujuy”. Destacó el legislador que el IPP buscó “generar un espacio para posibilitar que se expresen otras voces, otros puntos de vista sobre la política de promoción de la minería que llevan adelante los Gobiernos de la Provincia y la Nación”.
Baca interpretó que este debate tiene particular relevancia en Jujuy donde la minería no sólo porque hay una política estatal orientada en este sentido, sino también, “porque en Jujuy las memorias sociales están impregnadas por las historias derivadas de los pasivos ambientales producidos en la Puna”, como los casos como Metal Huasi, Pan de Azúcar, La Pulpera, entre otros.
“Se trata de historias de afectación del ambiente y de la salud humana” dijo y señaló que además el debate no puede eludir “la manera en como se protegen los derechos de las comunidades indígenas, en cuyos territorios se encuentran los recursos minerales”.
Objetó Baca la disposición del Gobierno de la Provincia para escuchar otras voces, como a expertos de Naciones Unidas – cuyo eventual aporte valoró- pero indicó que existe una necesidad de que sean escuchadas las voces que en Jujuy están expresando diversas posturas en torno a la minería. “Entendemos que hay que darle oportunidades a la gente de Jujuy para que opine y tome decisiones sobre todas las cuestiones vinculadas a las forma de desarrollo”.
En este contexto Baca se refirió a algunas deudas pendientes en materia ambiental y participación ciudadana. “Aún falta garantizar la participación de la gente en temas que tienen que ver con el ambiente” enfatizó y precisó que en la provincia existe un déficit de información ambiental, así como problemas de acceso a la información pública ambiental. “Este es un prerrequisito para hacer posible la participación” evaluó Baca y añadió como otra deuda “la realización de audiencias públicas para analizar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), tal como lo señala la legislación ambiental”.
“Cuando se está por aprobar un EIA debe ser puesto a consideración de la comunidad en una audiencia pública donde pueda participar la gente, pueda pedir las ampliaciones necesarias, hacer objeciones y garantizar que el estudio que se apruebe sea cumplido”.
A propósito Pablo Baca indicó que en Jujuy “otro déficit es que no hay capacidad de control por parte del estado provincial, para garantizar que aquellos compromisos que se asumen cuando se aprueba un EIA se efectivicen”, como no hay –subrayó- “un control efectivo sobre los temas ambientales, lo cual pone a las comunidades en una situación de vulnerabilidad y posible afectación de su derecho a vivir en un ambiente sano”.
La importancia de la movilización ciudadana
Uno de los invitados de las Jornadas sobre Minería, Amiente y Desarrollo, fue el periodista Javier Rodríguez Pardo, fundador del Movimiento Antinuclear de Chubut que impulsó la lucha contra la instalación del repositorio de desechos radiactivos en esa provincia. Pardo cofundó la Red Nacional de Acción Ecologista, fue asesor en el Congreso Nacional y publicó numerosos trabajos, entre otros “La Patagonia de Pie” donde relata el triunfo de movimientos sociales patagónicos en contra de un emprendimiento que amenazaba la supervivencia de los pingüinos. Actualmente Pardo es miembro de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas), que agrupa a las asambleas contra la contaminación y el saqueo de la gran minería química.
Al analizar el avance de la megaminería en la última década, interpretó Javier Rodríguez Pardo que “existe una decisión de las grandes corporaciones de llevar adelante este tipo de actividad buscando los últimos minerales críticos y estratégicos que existen en el planeta. Y para ello cuentan con el acuerdo y la connivencia de los gobiernos progresistas”.
En este contexto destacó que “en América Latina todos los llamados gobiernos progresistas, sin excepción, terminan firmando leyes muy benignas y permitiendo un extractivismo feroz que arrasa suelos y territorios y obliga a las comunidades a ponerse de pie para enfrentarlos”.
Alertó el especialista que en las declaraciones juradas de las empresas mineras no figuran todos los elementos valiosos que se llevan al exterior y observó que “el Norte del planeta necesita para seguir desarrollando industrias como la cibernética moderna, minerales que están en nuestros territorios del sur”.
Explicó Rodríguez Pardo que décadas atrás “Argentina no era un país minero porque no tenía minerales que pudieran ser extraídos de una manera rentable. Hoy esto se ha modificado con este sistema extractivo, que provoca impactos tremendos con las voladuras a cielo abierto, con la utilización de tóxico para la lixiviación. Esta forma de explotación es rentable para estas empresas, por eso es que consiguieron leyes que les entregan todo, leyes que subsidian la actividad y garantizan una extraordinaria renta empresaria”.
Apreció Pardo que “para enfrentar este modelo extractivo es necesaria la movilización ciudadana y confió en el poder de incidencia de los movimientos sociales. “Sigo creyendo que son los movimientos sociales en la calle los que le pueden torcer el brazo a las transnacionales y a los gobiernos, que terminan siendo serviles y abriéndole las puertas a las corporaciones” expresó.
Finalmente, el especialista precisó las razones que justifican el rechazo a la megaminería: “provoca una contaminación que no tiene retorno; destruye los territorios, produce una diáspora, un éxodo, destruye las economías regionales y, además, es una forma moderna del saqueo y el despojo”, concluyó.
http://www.lahoradejujuy.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=39804%3Apositivo-balance-sobre-mineria-medio-ambiente-y-desarrollo&catid=92%3Atecnologia&Itemid=281
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