El Eduardo Fellner se reunió ayer con la embajadora de Canadá, y destacó la política minera de ese país. Para Antonio Gómez, fiscal general en la Cámara Federal de Tucumán, Canadá no es un ejemplo a seguir en materia del cuidado ambiental y minería.
Gómez es una autoridad en materia de contaminación ambiental y especialmente relacionado a la minería, habló con Radio 2 y dejó un mensaje claro en cuanto a estos temas, la contaminación no solamente se da en minería, sino en muchas industrias más.
Fellner, luego del encuentro con la embajadora canadiense destacó que “ofrecieron su colaboración y múltiples antecedentes en materia de integración de las comunidades originarias de los territorios en los cuales subyacen los recursos pasibles de exploración y explotación, ayuda que tomaremos muy en cuenta”, dijo, “teniendo presente las características poblacionales de Canadá”.
En relación a este tema y sin querer inmiscuirse en cuestiones políticas, Antonio Gómez dijo que “Conozco perfectamente la situación en Canadá porque doy clases en algunas universidades y la situación allí en cuanto a minería es muy complicada. Verdaderamente ir a Canadá y recorrer el gran conflicto que tienen con las arenas bituminosas o las tremendas explotaciones mineras que están dañando a pueblos aborígenes como es el caso de los esquimales, es muy preocupantes” relató, poniendo en tela de juicio lo afirmado por el mandatario jujeño en cuanto a la protección de las comunidades originarias.
“Verdaderamente no es un ejemplo a seguir Canadá, el grave problema que tiene es que el 40% de su presupuesto se apoya en empresas mineras de gran envergadura, que salen también a explotar en el exterior e irónicamente, el Presupuesto de Canadá se apoya básicamente en un grave daño ambiental que se produce en otros países” refutó el funcionario judicial.
Antonio Gustavo Gómez es una suerte de fiscal jefe de los fiscales federales de tres provincias, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. Su trabajo concreto es actuar ante a la Cámara Federal de Tucumán, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
El sábado estará en Jujuy brindando en Tilcara y La Quiaca una charla sobre Minería contaminante. Previamente conocimos su pensamiento sobre la contaminación minera y cómo se está actuando desde el ámbito judicial para revertir esta situación.
“El sábado estaremos en Tilcara vamos a estar exponiendo sobre los delitos ambientales cometidos en nombre de la minería, que nosotros investigamos desde la Fiscalía de cámara en alguna oportunidad, como el caso de la Mina Orosmayo, Pirquita, Minera Santa Rosa, Abra Pampa, Mina el Aguilar, Loma Blanca, Providencia y no sé si me olvido alguna otra.
Tenemos que explicar un poco los temas como los delitos de lesa humanidad que hoy está tan en boga en función de los allanamientos que está haciendo un juez federal de Tucumán y que está remplazando a un juez federal jujeño” afirmó destacando su presencia en la provincia este fin de semana.
¿Cómo está trabajando con la legislación argentina en cuanto a la protección de los delitos ambientales?
“Nuestro país tiene una ley muy importante que es la 24051 que prevé delitos ambientales de gran jerarquía. Aquí en Tucumán tenemos muchísimas causas por delitos ambientales. Hemos condenado a un intendente, por los delitos de contaminación ambiental, a otro intendente se le condenó a un año de prisión por ser cómplice, a los propietarios de un sanatorio con tres años de prisión también, hay muchísimos industriales que están procesados por exagerar sus producciones industriales cometiendo delitos como es el caso de las industrias cañeras y en ese marco se involucra la industria minera. El caso de la minera la lumbrera es el caso más contundente, porque la Cámara Federal de Tucumán, procesó al vice presidente de la empresa el Sr. Julian Rumey por el delito de contaminación. La contaminación no es algo propio de las mineras sino de la industria en general que quieren ganar dinero a costa de la salud de la gente y como Fiscal Federal mi trabajo es perseguir y condenar esos delitos”.
¿Hay un verdadero control en cuanto a la contaminación minera?
“Lamentablemente y particularmente el minero, quienes están encargados de controlar el tema ambiental, son los mismos de los que están encargados de promover la producción y la instalación de empresas mineras. Estoy hablando de la Secretaría de Minería, de las unidades de administración de empresas mineras, el UGAM. Es algo así como poner al zorro a cuidar el gallinero. Yo no puedo tener el organismo público para controlar, que es el mismo el encargado de la promover la producción. Esto complica la situación y hay casos en donde el propio estado es el empresario como el caso de la Minera La Lumbrera, donde Catamarca es socia de la minera y obviamente en la medida que vaya ingresando dinero a las arcas de la provincia, vamos a tener un gobierno que va a salir a defender la producción. Tampoco va a intentar detenerla porque eso va a reducir sus ingresos. Esto es muy complicado, es un círculo perverso y el trabajo de un fiscal federal es investigar delitos, aún cuando quienes sean la cabeza de esos delitos o estas verdaderas asociaciones ilícitas, sean las autoridades públicas”.
¿La explotación del litio, puede traer consecuencias ambientales?
“Tengo entendido de que hay una gran producción de litio, incluso también que en el norte argentino se habla de una gran exportación de agua hacia Chile. Todo lo que lleve a la producción en base de una industria extractiva y que de alguna manera atente contra la ley penal ambiental, debe ser severamente castigado porque si no se crea un antecedente del cual después no podemos revertirlo, como el caso de Metal Huasi”.
¿Desde la justicia federal se puede prevenir los delitos ambientales?
“Fíjese el rol importante que tiene la justicia federal en materia de contaminación ambiental y como a veces podemos desde las acciones penales ambientales, prevenir el delito de la contaminación y el daño a la salud pública. La contaminación ambiental protege un bien jurídico que se llama salud pública y curiosamente también ese mismo bien jurídico que se llama bien público es protegido por las leyes que atacan el narcotráfico. Estamos hablando de grupos de delitos muy idénticos o parecidos y cuya diferencia sustancial es quien lo ejecuta. No sabemos quienes están detrás del narcotráfico y jamás hemos llegado hasta la cabeza del narcotraficante importante. Jamás hemos detenido una red de narcotráfico importante en la Argentina. En delitos ambientales, por el contrario, sabemos cómo está definida esa red, sabemos el dinero que recauda y sabemos quiénes son los responsables”.
¿Pero aún así cuesta condenar por delitos ambientales?
“Poder saber quiénes son los responsables de los delitos ambientales, que son personas poderosas económica y políticamente, es ventajoso, pero es muy complicado encontrar fiscales federales que quieran avanzar en estas investigaciones”.
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